Combaten "huachicol del agua" en Veracruz: FGR asegura pozo clandestino y detiene a tres personas

 

Tihuatlán, Veracruz. — En el marco de las acciones para combatir la extracción ilegal de agua, la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó un cateo en un predio del municipio de Tihuatlán, donde fue asegurado un pozo que operaba sin autorización y fueron detenidas tres personas.

El operativo, realizado por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos del Centro Federal Pericial Forense, ambos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), contó con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, quienes brindaron seguridad perimetral.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el delito está previsto en la Ley General de Bienes Nacionales, que sanciona la explotación no autorizada de aguas nacionales. En el lugar, ubicado en la localidad Flores Magón, se detuvo a César “N”, Óscar “N” y Marco “N”, presuntamente responsables de operar el pozo de manera ilegal.

Durante el cateo, las autoridades aseguraron dos vehículos tipo pipa, dos motobombas para agua, una bomba eléctrica, una motocicleta, nueve mangueras de distintas medidas, dos teléfonos celulares y 16 mil 700 pesos en efectivo, así como el inmueble donde se encontraba el pozo.

Este tipo de prácticas, conocidas como "huachicol del agua", han cobrado relevancia en el contexto de sequías prolongadas y la creciente escasez del líquido en diversas regiones del país. La extracción ilegal de pozos profundiza la crisis hídrica al afectar mantos acuíferos y dejar sin acceso a agua a comunidades que dependen de fuentes reguladas.

El inmueble, los objetos asegurados y los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), que continúa con las diligencias de ley para resolver su situación jurídica dentro del plazo constitucional.

La FGR recordó que, conforme al principio de presunción de inocencia, las personas mencionadas en este comunicado son consideradas inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra emitida por una autoridad judicial competente.