El Salvador implementa cadena perpetua para menores en medio de histórica reducción de homicidios juveniles

Foto ilustrativa

 

San Salvador, 26 de abril de 2026 – A partir de este domingo, los menores de edad que cometan delitos de alto impacto como asesinato, feminicidio, violación o pertenencia a pandillas podrán ser condenados a cadena perpetua en El Salvador.

La entrada en vigor de este controvertido paquete de reformas, aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 27 de marzo a petición del presidente Nayib Bukele, marca un endurecimiento sin precedentes de la Ley Penal Juvenil en el país.

La reforma, que incluye también la creación de los «juzgados de lo criminal» para procesar estos casos, establece que los condenados no tendrán acceso a la libertad condicional ni a la libertad condicional anticipada, y solo podrán optar a una revisión de la pena perpetua después de cumplir 25 años de prisión, para en caso de ser procedente, acceder a un régimen de libertad controlada. 

Esta disposición ha sido duramente criticada por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch (HRW), que la consideran contraria a los estándares internacionales en materia de justicia juvenil.

Contexto estadístico: La delincuencia juvenil en cifras

El nuevo marco legal se implementa en un contexto de drástica reducción de la criminalidad en El Salvador. Según el informe de labores del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, los homicidios en el país disminuyeron un 99% entre junio de 2024 y mayo de 2025, contabilizándose 294 días sin asesinatos.

 De manera específica, el informe destaca una reducción del 50% en los homicidios de menores de edad en comparación con el año anterior.

A pesar de esta mejora, la participación de menores en delitos de alto impacto sigue siendo un desafío significativo. 

Datos históricos de la UNICEF revelan que los menores de edad cometen el 12.2% del total de delitos registrados en el país. Un dato particularmente alarmante es el relacionado con los feminicidios: un estudio reveló que de 160 feminicidios ocurridos, la mitad (80) fueron cometidos por adolescentes, una cifra igual a la de los adultos.

La tendencia de involucramiento juvenil en crímenes violentos se mantiene. Durante el primer semestre de 2025, la Policía Nacional Civil (PNC) registró 39 homicidios, de los cuales 10 fueron clasificados como feminicidios, incluido el caso de una menor de 14 años en Soyapango. 

En otro hecho, dos menores de 15 y 16 años fueron arrestados en junio de 2025 por el presunto feminicidio de una adolescente, evidenciando la participación directa de jóvenes en actos de extrema violencia.

Un régimen de excepción como telón de fondo

Estas reformas se dan en el marco del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, el cual ha resultado en más de 91,000 detenidos. 

Durante este período, las autoridades reportaron la desarticulación de 71 estructuras de pandillas y 64 bandas criminales, lo que resultó en la detención de 4,312 personas. 

Para 2025, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los homicidios cerraron en 67 casos, muy por debajo de los 114 registrados en 2024, lo que representa una tasa de 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes, una de las más bajas del hemisferio occidental.

Las organizaciones de derechos humanos, sin embargo, han documentado más de 6,400 denuncias de violaciones a derechos humanos y al menos 500 muertes de personas bajo custodia del Estado en el mismo período, lo que añade un manto de controversia a las nuevas medidas contra los menores infractores.

Con esta reforma, El Salvador se convierte en uno de los países con la legislación penal más estricta para menores infractores en América Latina, aplicando penas de adultos a adolescentes desde los 12 años para los delitos considerados de alto impacto.