Demandan a Cabeza de Vaca y excolaboradores por favoritismos a empresas de Sergio Carmona

 

Por Alfredo Peña

Ciudad Victoria.- La Secretaría de Salud de Tamaulipas presentó denuncias penales ante la Fiscalía Anticorrupción en contra del exgobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca y cuatro de sus excolaboradores, por presuntamente beneficiar con contratos irregulares a las empresas industriales  PERMART y JOSER S.A. de C.V.

Las empresas, propiedad de los hermanos Sergio y Julio Carmona Angulo, habrían recibido un beneficio de aproximadamente 344 millones de pesos. Sergio Carmona, conocido como “el rey del huachicol”, fue ejecutado el 22 de noviembre de 2021.

Iván Saldaña Magaña, apoderado legal de la Secretaría de Salud, reveló que, aunque se interpusieron 70 denuncias en diversas instancias y 14 de ellas son de carácter penal. 

Las investigaciones, dijo, descubrieron un esquema de corrupción que quebrantó el erario estatal y federal en 343 millones 966 mil pesos durante los ejercicios fiscales de 2017 y 2018, periodo en el que García Cabeza de Vaca —hoy prófugo de la justicia— era gobernador.

Adicionalmente, se detectó que no se cubrió un monto de 157 millones de pesos, sin que los proveedores hayan reclamado dicha cantidad mediante acción legal alguna.

Según Saldaña Magaña, las empresas Industriales PERMART y JOSER S.A. de C.V. fueron las principales beneficiarias en un proceso donde no hay evidencias de que otras compañías compitieran en las licitaciones. Las pesquisas también identificaron contratos sin firmar y expedientes incompletos en el Comité de Compras del sector salud.

El quebranto al erario estatal ascendió a 221 millones de pesos, mientras que el federal fue de 122 millones. Estos recursos debieron destinarse a hospitales, medicamentos, servicios y personal de salud.

Los imputados son: el exgobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca; la exsecretaria de Salud, Gloria de Jesús Molina Gamboa; el exsubsecretario de Planeación y Vinculación, Horacio García Rojas Guerra; el exsubsecretario de Administración y Finanzas, Alejandro Aguilar Poegner; y el exdirector de Compras de la Secretaría de Administración, Román Castillo Airola.

Se les acusa de los delitos de Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

El representante legal negó que se trate de una persecución política. 

Explicó que la demora en presentar las denuncias se debió a causas como la negativa de la transición del gobierno entrante y saliente, así como a la ocultación o desaparición de estos. 

Agregó que el avance en las investigaciones fue posible gracias a la colaboración de exfuncionarios que participaron en la pasada administración estatal.

“Porque la información que tenemos a la mano también viene de diversos exfuncionarios que en su momentos estuvieron participando la administración total pasada por supuesto que hemos tenido la colaboración de varias personas del ex gobierno del estado de Tamaulipas” acotó.